Derecho a la Salud y Contratación Pública – Una Asignatura Pendiente
- INTRODUCCIÓN.
En Panamá, la falta de continuidad en los proyectos, el retraso en las licitaciones o actos de selección de contratistas, los intereses particulares de algunos grupos de empresarios, la corrupción que en algunas ocasiones ha sido comprobada luego de procesos judiciales extensos y la no ejecución de importantes obras, son desafíos persistentes que afectan directamente el desarrollo económico y social del país. Es lamentable que muchos de estos temas y proyectos se manejen como parte de los planes de los gobiernos de turno en lugar de ser concebidos como parte integral de las políticas de Estado, asegurando así finalidades sociales altruistas y su alineamiento con los objetivos y necesidades a largo plazo del país.
Así entonces, el pueblo panameño demanda eficiencia, ejecución y transparencia al nuevo gobierno que será presidido por José Raúl Mulino Quintero, quien llegará al poder de la mano de su partido político “Realizando Metas”. Mulino ha ocupado anteriormente cargos públicos como Ministro de Seguridad Pública (2010 – 2014); Ministro de Gobierno y Justicia (2009 – 2010); Ministro de Gobierno (1993 – 1994); Viceministro y Ministro de Relaciones Exteriores (1990 – 1993). “Información sobre cargos públicos obtenida del sitio web: “Voto Informado” del Tribunal Electoral y del plan del gobierno suministrado por la campaña del candidato José Raúl Mulino”.
- OBRAS IMPORTANTES QUE NO HAN LLEGADO A FELÍZ TÉRMINO.
Debido a su importancia, en este corto artículo abordaremos principalmente el tema del sector de la salud, el cual mantiene una gran cantidad de necesidades que no han podido ser satisfechas por los Gobiernos precedentes y que preocupan muchísimo a la población panameña.
Este artículo, no pretende mencionar específicamente una gran cantidad de proyectos y/o carencias en el sector salud, sino más bien apuntar casos específicos que sirvan de ejemplo para ilustrar una situación general y perturbadora, como por el ejemplo el caso del proyecto de construcción del Nuevo Hospital Oncológico, con un costo estimado superior a los cuatrocientos cincuenta (450) millones de dólares, el cual como hemos visto ha experimentado una serie de tropiezos que van mas allá de los abusos que han permitido distintas administraciones por parte de los sectores económicos interesados en procurarse la adjudicación de este acto a toda costa sin importarles la salud, la integridad personal e incluso la vida de los pacientes y destinatarios finales de esta gran obra.
Similar situación, enfrenta actualmente la licitación pública convocada por la Caja de Seguro Social con un costo estimado o valor de referencia de ciento ochenta (180) millones de dólares para la contratación del “Servicio de Hemodiálisis así como el Diseño, Construcción y Habilitación de Unidades o Salas de Hemodiálisis”, el cual según lo manifestó la Caja de Seguro Social en un comunicado publicado el 23 de mayo de 2024, este proceso ha venido tratando de concluirse desde el primer trimestre de 2022, sin embargo, no ha podido ejecutarse debido a múltiples recursos interpuestos por una empresa o grupo de empresas que según manifiesta la propia C.S.S., se benefician de esas dilaciones ya que provisionalmente los hacen mantener la prestación de los servicios de hemodiálisis, servicio que por obvias razones resulta lucrativo para el accionante de los mencionados recursos.
Resulta interesante observar cómo, tanto para funcionarios públicos, así como para empresarios inescrupulosos, las formalidades legales, e intereses económicos, encuentran incluso en su día a día mayor preponderancia que el derecho a la salud de los seres humanos, el cual sabemos que es un derecho humano de primera generación por conexidad, toda vez que, como lo han reiterado simétricamente Tribunales de Justicia en el plano internacional, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como doctrinarios importante como Oscar Parra Vera (Master en Derecho y en Criminología y Justicia Penal graduado de la Universidad de Oxford. Tesis “La Protección Judicial de las Dimensiones Prestacionales del Derecho a la Salud”), se logra demostrar un nexo inescindible entre estos derechos de orden prestacional y/o social (Derecho a la Salud) y el derecho fundamental a la vida y la integridad personal, postura que se ha venido denominando internacionalmente como “la tesis de la conexidad” debido a las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos, que hacen parte del “bloque de constitucionalidad”.
En este sentido, la Corte Constitucional Colombiana y La Corte Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado de forma simétrica y sumamente clara, que “existen tres criterios para entender el derecho a la salud como derecho fundamental: (1) en razón de su conexidad con otros derechos fundamentales (en conexidad con el derecho a la vida), (2) debido a su importancia frente a sujetos de especial protección constitucional (el derecho a la salud de los adultos mayores es un derecho fundamental autónomo), (3) como derecho fundamental autónomo en relación con su contenido mínimo (derecho prestacional fundamental). Así, luego de estos avances en materia de protección del derecho a la salud, resulta reprochable y difícil de entender que, en Panamá, tengamos esta realidad tan cruel y egoísta para aquellos pacientes que sufren y mueren día a día, ya que por diversas razones, el Estado no les proporciona la atención medica digna y justiciable a la que hace referencia nuestra Carta Magna y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es de conocimiento público, que esta misma situación la enfrentan una multiplicidad de obras de infraestructura pública, suministro de productos e insumos y prestación de servicios, totalmente necesarios e indispensables para la población panameña, los cuales, este nuevo gobierno tendrá que encontrar la manera de hacer una realidad dentro del escenario de deuda pública, desabastecimiento, falta de capacitación, corrupción y otros problemas que encuentra o encontrará enquistados en las entrañas de la administración pública que ahora le corresponde liderar por designio electoral.
- CONCLUSION.
Como hemos mencionado, el presidente electo, encontrará una serie de problemas y escenarios poco favorables para encontrar soluciones, sin embargo, somos del criterio que la administración pública liderada de una forma idónea, con personal administrativo y técnico capacitado, eliminando la corrupción existente, podrá sin duda salir airosa y levantar la pujante pero golpeada economía panameña; No obstante, si no se realizan cambio drásticos en las políticas de gobierno y país, con el fin de exterminar estos problemas sociales y promover la credibilidad de Panamá, así como también atraer inversión extranjera, y procurar el fortalecimiento de la seguridad jurídica, no podremos salir del escenario maligno y adverso en que nos encontramos de cara a lo aquí explicado.
Adicional, resulta una obligación impostergable de esta nueva administración, realizar las acciones que resulten necesarias para generar el incremento en la ejecución de las obras de infraestructura pendientes que mantiene el país, todo lo cual contribuirá al crecimiento de la economía, la creación de empleos, la competitividad y a mejorar las condiciones de vida de la población en general.
