La Ley 223 de 8 de junio de 2021 ha establecido nuevos atractivos a las empresas que se dediquen a actividades orientadas a combatir la contaminación del medio ambiente en la tierra y el mar con desechos plásticos.

Actualmente hay cien empresas que son responsables por el 90% de los desechos plásticos que contaminan el medio ambiente a nivel mundial y veinte de esas empresas producen más de la mitad de esos plásticos desechables que cada año suman la cifra exorbitante de 8 millones de toneladas que acaban dentro del mar y se riegan por todos los océanos.

La cantidad de desechos plásticos que han entrado en el mar en los últimos setenta años es suficiente para dejar una bolsa de basura en cada metro de costa marina en todo el mundo y los microplásticos que producen con el tiempo dentro del mar se riegan en forma casi inconcebible porque han encontrado de esos microplásticos hasta en el monte Everest que es el más alto del planeta y en el fondo de la Fosa de las Marianas que es el lugar más profundo del mar.

Si estos niveles se mantienen, los océanos contendrán más plástico que peces en el año 2050, según datos de la ONU, y frente a semejantes prospectos se ha formado una alianza mundial de más de 1,200 empresas y organismos de 75 países para promover actividades destinadas a frenar la producción de los plásticos que después de un solo uso se vuelven desechos contaminantes.

Actualmente son muchas las empresas en más de cien países que han orientado sus actividades de manufactura y distribución hacia la eliminación o una reducción de la producción de plásticos desechables. Además de los beneficios que traería para cualquier empresa dedicada a producir o generar actividades que reduzcan el uso y la producción de plásticos desechables, el establecimiento de empresas de esa índole en Panamá gracias al atractivo de los beneficios fiscales de la nueva legislación panameña, también podrá contar con los beneficios siguientes:

• Reforzar la lealtad de la clientela a la marca del producto por el mensaje positivo que representa.
• Impulsar las ventas porque ya los consumidores requieren que al menos el 50% del contenido de sus botellas de plástico sea reciclado y algunos están incluso dispuestos a pagar una prima por cualquier producto que reduzca el uso de plásticos desechables.
• Crear nuevas formas atractivas de mercadeo y relaciones públicas porque las empresas que utilicen plásticos reciclados o sustitutos del plástico atraen la atención de la prensa y de las organizaciones medioambientales.
• Preparar a las empresas para hacer frente a cualquier medida ambiental nueva que surja en el futuro y tenga que cumplir a medida que los países vayan adoptando más estrictas medidas contra los desechos plásticos.

Unos veinte países primermundistas ya han prohibido los plásticos desechables y varios países más se les han ido sumando. La República de Panamá ya ha dado los primeros pasos como la prohibición del uso de bolsas plásticas en los supermercados y demás comercios.

Quijano & Asociados se complace en comentar que la Ley 223 de 8 de junio de 2021 “establece incentivos ambientales con el fin de promover las prácticas comerciales sostenibles, la reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje en la República de Panamá.”

La Ley 223 establece ciertos incentivos fiscales para las empresas que se dediquen al reciclaje a nivel industrial y también para las personas naturales o jurídicas que reconviertan su actividad hacia la utilización de artículos biodegradables. Toda persona natural o jurídica que quiera aprovechar los incentivos fiscales que la Ley 223 establece debe estar debidamente avalada por el Ministerio de Ambiente.

Para efectos de la Ley 223, los términos siguientes se entenderán así:

1. Planta industrial de reciclaje. Instalación especializada en la recuperación de residuos para transformarlos en artículos con una nueva vida útil, mediante distintos procesos de transformación que permitan su revalorización y eviten su disposición final como desechos.
2. Reconversión. Las personas naturales o jurídicas que se han estado dedicando a la industria del plástico, pero se han visto obligadas a migrar maquinaria o a cambiar su línea de producción a artículos biodegradables que no contengan plástico como consecuencia de la Ley 187 de 2020 contra el uso de algunos plásticos desechables.

Los beneficios que la Ley 223 ofrece a las personas jurídicas especializadas en la operación de plantas industriales de reciclaje consisten en cinco años de exoneración del pago de los siguientes impuestos:

1. El impuesto sobre la renta.
2. El impuesto de dividendos o de cuotas de participación distribuidas entre socios o accionistas nacionales e internacionales.
3. El impuesto de importación de maquinaria y equipo necesario para la fabricación.

La Ley no se aplica a las personas jurídicas dedicadas a recolectar materiales reciclables para exportación. El reciclaje debe hacerse dentro del territorio de la República de Panamá.

A las personas naturales o jurídicas que modifiquen su actividad y reemplacen el uso de plásticos con productos biodegradables, la Ley ofrece las siguientes exoneraciones por cinco años:

1. La exoneración del impuesto de importación de equipo y maquinaria.
2. El descuento del 15% del impuesto sobre la renta.

La Ley 223 no se aplica a las personas naturales o jurídicas cuyos materiales de reemplazo sean opciones de plástico sintético y el mismo etiquetado degradable o reciclado en cualquier forma. El plástico debe estar completamente libre de elementos derivados de petróleo y demás hidrocarburos.

Cuando el interesado haya cumplido todos los trámites previos y cuente con todos los permisos requeridos para ejercer su actividad económica, para solicitar los beneficios que esta Ley 223 concede deberá presentar su solicitud a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas antes de solicitar el aval del Ministerio del Ambiente.

Además de los beneficios mencionados, hay que subrayar que las empresas que contemplen dedicarse a la manufactura para la exportación tienen en Panamá el mejor y más amplio acceso a los medios de transporte por mar y por aire a todos los países en el continente incluyendo el Caribe.